Las diez tutelas y la acción popular interpuestas fueron favorables para el Distrito. Los jueces y magistrados en sus decisiones dieron la razón a los argumentos expuestos, en el sentido de que la Administración Distrital había desplegado una acertada política pública de atención en favor de los habitantes de calle, garantizando sus derechos fundamentales, salud y dignidad humana.

Por lo anterior se estableció que la estrategia encaminada a la articulación interinstitucional en cabeza de la Secretaría de Integración Social, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON – es la correcta y se ajusta a los criterios dados por la Corte Constitucional para brindar a los habitantes de calle una atención integral con el propósito de generar una pronta identificación, tratamiento en salud física y mental, educación, post tratamiento, rehabilitación y readaptación social de este grupo poblacional.

Así se confirma que la decisión de intervención fue en beneficio de Bogotá, D.C., para el mejoramiento de la dignidad humana de los habitantes de calle y para la mejora de las condiciones de seguridad y emprendimiento del sector.