La justicia colombiana sigue acreditando la legalidad de las gestiones que adelanta el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en diversos frentes de la Administración Distrital.

Los más recientes fallos en este sentido así lo confirman. Dos acciones populares que buscaban ‘tumbar’ la reforma al sistema de salud de Bogotá, así como el proceso de enajenación de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), fueron negadas.

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado, en un pronunciamiento de segunda instancia, avaló las gestiones del Distrito para proteger a los habitantes de calle luego de la exitosa intervención del Bronx.

La secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Hernández, señaló que de esta manera se demuestra que las decisiones del alcalde Peñalosa "están ajustadas al derecho y a la legalidad".

El primer fallo tiene que ver con una acción popular interpuesta por el concejal Hollman Morris, mediante la cual pretendía reversar el proceso de modernización del sector de la salud que puso en marcha el alcalde Peñalosa por considerar que "transgrede y amenaza los derechos e intereses colectivos de los bogotanos a la moralidad pública". 

También buscaba que la Alcaldía, el Concejo y la Secretaría de Salud presentaran un nuevo proyecto de acuerdo en este sentido.

“Pero el juez 47 administrativo negó las pretensiones y con esto nos permite tener claridad sobre el proceso de modernidad en la salud que se viene desarrollando”, destacó Hernández.

A su vez, el juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá negó una segunda acción popular interpuesta por Germán Calderón España contra Bogotá y la ETB por considerar que con la enajenación de sus acciones igualmente “se vulneraban los intereses colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa”.

La idea era dejar sin efecto la autorización que el Concejo le dio al alcalde Peñalosa para adelantar dicho proceso.

Para la Secretaria Jurídica, este fallo es muy importante porque le da la razón al Distrito en torno a la legalidad del trámite que se dispuso en el Plan de Desarrollo frente a esta decisión tan trascendental para la ciudad.

Finalmente, Hernández destacó un pronunciamiento del Consejo de Estado con respecto a los habitantes de calle, pues en un fallo de segunda instancia a una acción de tutela le dio la razón al Distrito por la forma como se ha adelantado la estrategia de atención a esta población vulnerable.

“Según el alto tribunal se ha actuado con diligencia con la coordinación de todas las entidades del Distrito involucradas en este tema y le ha solicitado continuar con este plan integral de intervención de los habitantes de calle”, explicó la funcionaria.

Estos fallos también son el resultado de la gestión y la coordinación que en materia judicial adelanta la Secretaría Jurídica del Distrito,  creada por la presenta administración ante la necesidad de articular y fortalecer la gestión judicial de la Alcaldía de Bogotá.